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El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios exige que éstos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.

La ley define el Sistema Arbitral de Consumo como el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios o profesionales a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos.

Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia que una Sentencia.

La regulación básica del Sistema Arbitral de Consumo se contiene en

• Los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo

En lo no previsto por dichas normas, resultará de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y, para el arbitraje electrónico y los actos realizados por vía electrónica, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

La actividad de las Juntas Arbítrales de Consumo, órganos administrativos, se rige en lo no previsto por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Mediante la presentación de la solicitud de arbitraje un Consumidor inicia el proceso de arbitraje. Para realizar la presentación de una solicitud por via telemática es necesario poseer un firma electrónica valida, y si se desea llevar todo el proceso de manera telemática, es necesario adscribirse al servicio de notificaciones telemáticas segura del servicio de Correos.

Si se desea presentar de manera presencial la solicitud de arbitraje la aplicación da la posibilidad de poder rellenar un documento en formato PDF que puede ser presentado en cualquiera de las Juntas Arbítrales.

Los empresarios o comerciantes pueden realizar Ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, mediante la cual aceptan que las reclamaciones de los consumidores que se planteen como consecuencia de su actividad empresarial o profesional se resuelvan a través de este procedimiento extrajudicial y voluntario.

La admisión de una Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo da derecho al empresario o profesional a ostentar un distintivo oficial en todas sus comunicaciones, incorporándose al Registro público de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

El uso de este distintivo oficial el empresario o profesional es elemento adicional de calidad, que el empresario o profesional ofrece a los consumidores: la posibilidad de resolver las reclamaciones a través de un procedimiento rápido, eficaz, gratuito y con fuerza ejecutiva.

La oferta pública de adhesión al Sistema arbitral de Consumo es única y deberá dirigirse a la Junta Arbitral que se corresponda con el ámbito territorial en el que la empresa desarrolle principalmente su actividad, comercializando sus bienes o servicios.

Esto es:

• A la Junta arbitral nacional, si la actividad de la empresa que realiza la oferta pública de adhesión consiste en la comercialización de bienes y servicios en más de una Comunidad Autónoma
• A la Junta arbitral autonómica, si dicha actividad se desarrollara principalmente en su ámbito territorial.
• A la Junta arbitral provincial si la a empresa ejerciera su actividad comercial en diversos municipios de una provincia

A la Junta arbitral municipal si su actividad se llevara a cabo en un solo municipio. Si no hubieran sido constituidas Juntas Arbítrales en su ámbito provincial o municipal la oferta de adhesión se efectuará a la de inmediato ámbito territorial superior (por ejemplo, si no existiera municipal, se efectuaría la oferta de adhesión a la junta arbitral provincial y si no existiera ésta a la junta arbitral autonómica)

La aplicación posee un buscador de Juntas arbítrales desde donde se puede localizar cualquier Junta Arbitral de las que se encuentran disponibles. La búsqueda se realizara por criterios de nombre.

Si se desea presentar de manera presencial la solicitud de una empresa la aplicación da la posibilidad de poder rellenar un documento en formato PDF que puede ser presentado en cualquiera de las Juntas Arbítrales.

En esta pantalla se presentaran los edictos presentados para las solicitudes telemáticas.

En esta pantalla se presentan la legislación actual vigente en materia de consumo. En esta pantalla se disponen de diversos enlaces en los que se posibilita la descarga de dicha legislación en formato PDF.